La Cámara Nacional en lo Comercial rechazó los pedidos de Correo Argentino de desplazar a la fiscal, quien denunció el vaciamiento de la empresa por parte de los ejecutivos de la familia de Mauricio Macri. No obstante, no decidió aún auditar los últimos movimientos bancarios ni fijó fecha para una nueva audiencia donde se acuerde el pago de la millonaria deuda con el Estado.

Las juezas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini avalaron hoy la participación de la funcionaria del Ministerio Público Gabriela Boquin, quien “posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”, de acuerdo al fallo al que tuvo acceso El Destape.

“La legitimación de la fiscal no puede verse cercenada como consecuencia del desistimiento del recurso de apelación que articuló la deudora, puesto que una disposición procesal no puede impedir el ejercicio de las facultades que le asisten al Ministerio Fiscal para tutelar el orden público”, esgrimió.

En el fallo de aparente rudeza contra la concursada, las camaristas confirman el rol de la integrante del Ministerio Público en el expediente. Sin embargo, no resuelven el requerimiento de la auditoría, vital para limitar (e incluso revertir) el vaciamiento de Correo. Por el contrario, le encomendaron la decisión a la jueza de primera instancia Marta Cirulli. Boquin había responsabilizado a la magistrada como cómplice, ya que autorizó cinco retiros de fondos por cerca de $ 10 millones, a pesar del enorme pasivo de la empresa.

El concurso de acreedores se inició en 2001, cuando la compañía postal dejó de pagarle el canon al Estado Nacional y desde entonces tramita en el fuero comercial. Una causa de esta naturaleza suele cerrarse antes de los cinco años, pero con el aval judicial, la familia Macri consiguió licuar su pasivo durante más de tres lustros.

En febrero, Boquin denunció el acuerdo entre el entonces ministro de Comunicación Oscar Aguad y Correo Argentino, donde a puertas cerradas habían establecido la condonación de $ 70.000 millones. A partir de ello, el propio Presidente pidió “volver a foja cero”, pero el Gobierno pidió aplazar la nueva reunión para fijar los pagos el mismo día en que iba a realizarse, en marzo. Desde entonces, la Sala B de la Cámara no estableció nueva fecha para la negociación para la cancelación de la multimillonaria deuda.

En agosto, la fiscal general requirió un peritaje contable de Correo, Sideco y Socma para conocer la ruta del dinero de la corporación Macri. Esto fue apelado por los abogados de la compañía postal, quienes intentaron desplazar a Boquin.

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