Luego de que se desatara el escándalo de la autocondonación de deuda de Correo Argentino, Mauricio Macri pidió que la causa volviera a foja cero. Sin embargo, el Gobierno pidió aplazar la negociación que iba a realizarse a principios de año para después de las PASO. La Justicia debía decidir si acepta o rechaza la solicitud, pero dejó pasar el tiempo y el plazo vence el lunes.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, destapó en diciembre el escándalo de Correo y, desde entonces, denunció el vaciamiento permitido por la jueza de primera instancia Marta Cirulli, quien quedó imputada en un nuevo expediente que tramita el juez federal penal Ariel Lijo, junto al fiscal Juan Zoni.

Las camaristas de la sala comercial B María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini entienden la causa desde su inicio, cuando la familia Macri comenzó un trámite concursal que nunca supera los tres años pero que en este caso estiran desde 2001. Son ellas quienes deben dirimir sobre el pedido del ex Ministerio de Comunicación (ahora Secretaría, dentro de la cartera de Modernización).

Los funcionarios pidieron a mediados de marzo aplazar la audiencia para negociar el pasivo de Correo que iba a realizarse ese día por pedido expreso del Presidente. Cuando le tocó a Boquin, la representante del Ministerio Público se expresó tajantemente en contra del requerimiento del Ejecutivo.

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En un completo y detallado dictamen, la fiscal general denunció continuos abusos procesales que han favorecido a la compañía del grupo Macri. Uno de ellos es el perenne paso del tiempo, que licúa aún más la deuda que tiene con sus acreedores, siendo el Estado el principal de ellos. Otro, el retiro de fondos habilitados por la magistrada Cirulli en los últimos meses.

Los 120 días hábiles solicitados vencen el lunes próximo, después de las PASO. El plazo pudo extenderse un poco más allá de lo aparente por la suspensión del conteo que implicaron traslados físicos del frondoso expediente.

Que Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini le nieguen la petición sería un absurdo teórico, pero posible; la aceptación puede ser pasiva y convocarse a una nueva reunión el mismo lunes o, en el peor escenario, contar 120 jornadas judiciales desde ese día.

En cualquiera de los casos, aún si las camaristas toman una decisión el mismo 25 de septiembre, el Gobierno consiguió su objetivo de volver a dilatar la cancelación de una deuda multimillonaria que mantienen impaga hace 15 años.

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