El balance del primer semestre legislativo arrojó un crecimiento en la cantidad de leyes sancionadas, en comparación al mismo período del año anterior (28 contra 22). El dato es llamativo ya que es un año electoral y suele haber una merma en la producción de normas a diferencia de los años en los que no hay comicios.

En cuanto a la cantidad de sesiones, en la primera mitad del año se registraron 16 reuniones (8 por cada Cámara), lo que representa una caída del 33% en comparación a 2016, cuando los legisladores se juntaron en 21 ocasiones. El período va desde el inicio del período ordinario, que arranca el 1 de marzo, y se le suma la sesión extraordinaria de febrero, en Diputados, cuando se aprobó la modificación de la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).

En relación a esto, otro dato peculiar, observado por legisladores y analistas parlamentarios, es que en ambas cámaras se registró un 84% de sesiones especiales. En Diputados no hubo ninguna sesión ordinaria y en el Senado, solo dos.

"El principal crecimiento de las sesiones especiales se dio desde la llegada de Cristina, pero recién en 2016 superaron a las ordinarias", comenta a El Destape el consultor legislativo Javier Romano.

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Tomando en cuenta este análisis, de las 18 sesiones realizadas de marzo a noviembre de 2015, 11 fueron ordinarias y 7 fueron especiales, mientras que el año pasado se celebraron 33 sesiones (14 fueron ordinarias y 19 especiales). La tendencia continúa en 2017: de las 13 reuniones realizadas por el Congreso, 11 fueron especiales y 2 ordinarias. Los datos no contemplan las sesiones informativas del Jefe de Gabinete, Asambleas Legislativas, sesiones preparatorias ni sesiones realizadas en período extraordinario.

Si bien ambas sesiones son reglamentarias, lo que objetan legisladores y analistas es el abuso de esta herramienta en detrimento de las ordinarias. Éstas implican un ejercicio de negociación entre los distintos bloques, mientras que las especiales dependen de la voluntad de un grupo de diputados y de su capacidad para reunir quórum.

"Los proyectos a debatir en las sesiones ordinarias son consensuados por los jefes de los distintos bloques, mientras que las especiales son realizadas a requerimiento del Ejecutivo o de al menos diez diputados o cinco senadores, estableciendo expresamente cuáles serán los proyectos a tratar", explica el director de Análisis Político de Directorio Legislativo, Matías Pellegrini, a El Destape. Y agrega: "Es deseable que la mayoría de las sesiones sean ordinarias, ya que de esa manera se alienta el ejercicio democrático de negociación y consenso para definir los temas a tratar en cada sesión".

En esa línea, Romano advierte que "el abuso de sesiones especiales provoca que la gran mayoría de los proyectos de ley que se se presentan no solo no se tratan sino que casi no tienen posibilidad de llegar al recinto".

"Se manejan así. Lo secundario se convirtió en lo principal. La especial es excepcional, pero se convirtio en regla", sentencia a este portal el presidente del bloque de Diputados del FpV, Héctor Recalde.

La diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Soledad Sosa (FIT) marca que "la actividad en el Congreso está dominada por el oficialismo ylas sesiones se rigen por convocatorias especiales que tienen que ver con la voluntad del Gobierno de tratar ciertos temas".

También se mostró molesto por esta situación el presidente del bloque Peronismo para la Victoria, Leonardo Grosso: "Hay una decisión del Gobierno de paralizar el Congreso y las pocas sesiones que hubo tienen que ver con el interés del oficialismo y esto se debe a que no quiere tener ningún contratiempo de cara a la elección". Y añadió: "Han llamado a sesiones especiales por temas que ellos pedían, sin dejar que se agrande la agenda, limitando así las discusiones en el Parlamento".

En este contexto, el bloque de gobierno (Poder Ejecutivo + interbloque oficialista) es el que logró sancionar la mayor cantidad de leyes (17), mientras que la opción impulso las 11 leyes restantes.

Evaluación de las leyes sancionadas

Para el diputado del PRO Daniel Lipovetzky "hay que ponderar la calidad de algunas como la que impide que se aplique el 2x1 en caso de delitos de lesa humanidad, la de protección de las víctimas y la de responsabilidad penal empresaria".

Sosa coincide en resaltar la norma del 2x1, pero define al resto como "leyes antipopulares" y que la de responsabilidad empresarial "fue una maniobra para seguir resctando a empreaas como Odebrecht".

Recalde se mostró crítico de que no haya ninguna norma a favor de los trabajadores. "La única hasta ahora, que fue la que prohibe los despidos, la vetó Macri. O sea que resultado es cero. En vez de 'pobreza cero', podemos decir 'legislación laboral cero'".

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