En el pasaje tranquilo de Pompeya, los chicos juegan a la pelota en plena calle, atrás se ven casas bajas y un edificio enladrillado que bien puede ser una fábrica. La postal de viejo barrio desentona con una señal de tránsito intervenida: en vez de indicar velocidades, muestra a un policía y un militar vigilando a empleadas domésticas y obreros detrás de un cerco de alambre de púa.

El stencil es para denunciar que eso no es una fábrica, sino una dependencia judicial que alojará infractores de la Ley 25.871 de Migraciones (sancionada en 2004 para modificar un decreto de Videla), tras un acuerdo de cuatro años entre los Ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad y la Dirección Nacional de Migraciones. Será el último sitio argentino que pisen previo “a su expulsión del territorio”.

El edificio, un Centro de Servicios Judiciales inaugurado por la Magistratura porteña en 2015, ocupa media cuadra y tiene tres ingresos: mesa de entradas por Beazley 3860, Depósito y Archivo Judicial en Falucho al 100 y sobre Colmo 3865 está el ex Centro de Alojamiento de Contraventores, dos pisos del complejo con capacidad para diez personas (seis habitaciones ya amuebladas para varones y cuatro para mujeres). Ahora depende de la Dirección Nacional de Migraciones (Ministerio del Interior), según explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a este medio. Allí alojarán a quienes entraron en forma ilegal al país o a los que tienen un dictamen judicial previo a la expulsión.

Las agrupaciones de migrantes temen que en los hechos se use el discurso de seguridad para ir contra las personas sin papeles o con documentación en trámite. “Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denuncia la Red Argentina de Migrantes. Dicen que en último tiempo el estado puso más énfasis en perseguir que buscar una solución rápida y efectiva para regularizar su permanencia en suelo local.

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“Una irregularidad administrativa no es delito”

La Dirección Nacional de Migraciones explicó que aquellos que infrinjan los trámites legales de documentación van permanecer en Colmo 3865. Las agrupaciones migrantes denuncian una contradicción y citan del Código Penal que el Estado solo expulsa personas con condena firme o ante delitos graves. Dicen que es como estar privado de la libertad por tener la licencia de conducir vencida. En esta letra chica ven una persecución ideológica y discriminatoria.

“Una irregularidad administrativa no es un delito”, dicen a este medio en la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref). “Se invirtió la dinámica de políticas migratorias. Ahora la persona tiene que demostrar que su situación es regular y apurarse a hacer los trámites en caso contrario. El estado no facilita y solo aumentaron los controles de permanencia, con lógica de perseguir”, dice la entidad y advierte: “Las expulsiones las quieren hacer ahora en tres días. Las personas que van a poder hacer el trámite en tres días van a ser las que tienen plata”.

“Nos quieren dar algo así como un hotel cinco estrellas con aire acondicionado y esparcimiento en Pompeya. Pero la verdad es que todo aquel que llegue ahí es porque va a ser expulsado”, dice sobre Colmo 3865 a este medio Lurdes Rivadeneira, referente de la Red Argentina de Migrantes. “Por la Ley de Migraciones el Estado se compromete a darles tiempo para que regularices tu situación, pero con el cambio de políticas tenemos miedo que ya no sea así y se pase a perseguir”, agrega.

Amnistía Internacional, en un documento llamado Derechos Humanos. Agenda para Argentina 2017”, rechaza “la utilización de la detención como una forma de castigo o con fines disuasorios, en lugar de abordar las causas que originan la migración irregular”.

cartel contra la direccion judicial en pompeya

Menos ayuda del Estado, más vigilancia del Estado

El año pasado se hizo tangible la nueva idea fuerza del gobierno central. La Dirección Nacional de Migraciones aumentó el número de las disposiciones de expulsión. En 2014 hubo 1760. En 2015, 1908. Los primeros nueve meses del año pasado se contaron 3258. También se intensificaron los operativos de control de permanencia, los cuáles “verifican la situación migratoria y en caso de irregularidad intiman al migrante a regularizarse”, explica Amnistía. “Migraciones se jacta de este control con mirada policiaca”, dicen en Caref.

A la par, se discontinuó el programa de abordaje territorial, eje de la Ley de Migraciones. Amnistía denuncia que esto “fue en detrimento de los derechos de los migrantes”. En la Red coinciden: “La Dirección de Migraciones iba a los distintos barrios, incluso días domingos, para que las personas que no tenían información y que trabajaban podían regularizar su situación y hacer los trámites en barrio”.

Cuando desalojaron a los manteros de Once y se armó el convenio de capacitación rentada por dos meses, muchos puesteros no se pudieron anotar por no tener DNI. Antes de recibirlo las personas migrantes acceden a una Residencia Precaria (ratifica que el trámite de residencia inició, les avala ingresar y egresar del país, trabajar, estudiar, pedir atención médica y hacer trámites). Fue el caso de jefas de hogar de origen peruano y boliviano y de puesteros africanos (Senegal, Nigeria, Kenia, Ghana, Guinea).

“El mantero esta fuera del trabajo formal no porque quiera no tiene DNI, en ningún lugar van a contratarlo”, explica la Red que también alerta por casos donde se negó asistencia hospitalaria por tener la Residencia Precaria. “Hay un discurso xenofóbico vigente que habilita estas ilegalidades”, lamentan.

Esta situación repercute en distintas capas sociales. Antonio León tiene 27 años, le faltan pocas materias para recibirse de ingeniero en informática (UBA) y no pudo acceder a su primer empleo en blanco por una situación similar. Tiene ciudadanía boliviana y residencia de más de dos años en el país. “Es frustrante porque la entrevista fue en noviembre y voy a tener novedades sobre los trámites recién en marzo”, explica a este medio.

Urgencia para discriminar

A tono con la construcción de la dependencia en Colmo 3865, el presidente Macri ratificó, entre otras medidas, que va a firmar un DNU para modificará las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346. Es para, entre otras cosas, deportar extranjeros que hayan delinquido en menos tiempo. El Decreto estará refrendado por los Ministerios de Justicia, Seguridad e Interior, responsable de la Dirección Nacional de Migraciones.

La Red dice al respecto: "Estamos preocupados porque tampoco entendemos para qué un DNU, ya que la ley de migración en su artículo 29 dice que las personas con antecedentes penales no pueden ingresar o residir".

“No se justifica que los argumentos que dan para el DNU, que se supone que es algo crítico, no hay datos estadísticos ni cuestiones sociales críticas para que no pase por Congreso ni el debate con agrupaciones migrantes”, concluye Caref.