El Congreso debate la propuesta de participación público privado, que busca privatizar la obra pública. El texto obtuvo media sanción en Diputados, con cambios, por lo que retornó al Senado, donde se espera se convierta en ley.

El espíritu del proyecto trata de darle una alternativa a las licitaciones públicas, en la que el Estado se saca de encima el costo del proyecto, porque pasa al privado. La empresa debe fondearse con préstamos bancarios, lo que encarece el costo total. Esto se explica con que las tasas que pueda conseguir siempre serán más elevadas que el interés que se le cobra al gobierno.

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Debido a este "riesgo" que corren los empresarios, la futura ley les garantiza las ganancias. Como contraparte, el Estado les permite recaudar por un mínimo de 30 años (prorrogable). Es decir, que si el contratista construye una autopista, le aseguran la concesión de los peajes por tres décadas.

El sistema también se diferencia del tradicional con la manera de seleccionar al contratista. En este caso no se rige por el precio más barato, sino por el que mejor representa los intereses públicos. Esto puede dar lugar a más arbitrariedades en la asignación de la obra, contrario al objetivo anunciado.

Para sumarle al oscurantismo, los contratos se regirán por el secreto comercial e industrial. El secretismo gobernará incluso el seguimiento que realizarán los organismos de control y una flamante bicameral que se creará para tal fin. "La comisión, sus miembros y empleados deberán garantizar la confidencialidad de la información, sumiendo las responsabilidades correspondientes por su divulgación", reza el artículo 30 del proyecto.

Luego de un amplio debate en Diputados, se agregó en el texto la necesidad de que se priorice la industria nacional por parte de los contratistas, como reclamó fervientemente el industrial José Ignacio De Mendiguren, del Frente Renovador, y gran parte de la bancada opositora.

En el mundo, asociaciones público-privadas financian sólo proyectos lucrativos. Fueron recurridas en los últimos años por Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido. Cuatro de ellos ahora están sujetos a los paquetes de rescate de la Troika y España e Inglaterra se enfrentan a grandes problemas fiscales.

Tanto en Portugal como en Chipre, el FMI y la Comisión Europea consideraron a estos proyectos como un factor que estimula los problemas fiscales. Fue por esto que solicitaron una auditoría para la renegociación de los existentes, así como el bloqueo de nuevos.

El origen de estos proyectos se dio en la Inglaterra de Margaret Thatcher, cuando se impuso un máximo a la posibilidad de endeudamiento estatal. El mecanismo se introdujo como forma de disfrazar el pasivo soberano para sortear los límites que imponían las normas de prudencia fiscal.

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