El juez Claudio Bonadioutilizó la doctrina de la Sala II de la Cámara Federal para ordenar la detención de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D´Elía en el marco de la denuncia de Nisman. Así, la "doctrina De Vido-Boudou" vuelve a ser la llave para meter preso a un funcionario o ex funcionario acusado ante la Justicia.

Según el fallo, que sirvió para detener a Amado Boudou y Julio De Vido, un ex funcionario puede entorpecer la investigación por los contactos que armó gracias a su paso por el Estado. De esta manera, se justifica meter preso a cualquier funcionario actual o ex que sea imputado en cualquier causa.

"Es de destacar que FERNÁNDEZ, TIMERMAN y ZANNINI se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que aprovechando los cargos públicos que ejercían (...) traicionaron a la Nación Argentina con la intervención de 450 otros funcionarios que dependían de ellos y la colaboración de otras personas que mantenían relación con autoridades de la República Islámica de Irán. (...) Remárquese la innegable complejidad que reviste la maniobra ilícita desplegada, particularidad que permite evidenciar, de modo prístino, que los encausados mantuvieron relaciones con diversos sujetos, incluso al nivel internacional -con ex funcionarios del gobierno iraní, que en la actualidad permanecen prófugos-, circunstancias que podrían implicar la existencia de vínculos para obstaculizar la investigación, e incluso, su elusión ante la aplicación de la ley penal", recalca el magistrado judicial.

Bonadio cita además el fallo de la Sala II, según el cual "a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponda limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal, sino que resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y puedan estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal".

Curiosamente, este es el argumento para ordenar la detencion de Cristina, Zannini, Timerman, D´Elía y Esteche, pero no hace lo propio con el ex Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, ni con el referente de La Cámpora y diputado nacional.

Inclusive, con esa misma vara deberían dictarle la prisión preventiva a varios funcionarios del actual Gobierno, imputados en distintas causas. Juan José Aranguren, Luis Caputo, Marcos Peña, Gabriela Michetti y Mario Quintana son algunos de ellos.