La causa judicial donde se investiga si el HSBC funcionó como una "plataforma de evasión fiscal" se mantiene activa. En las últimas semanas comenzaron a declarar 150 de los 224 imputados. Todos los que se sentaron ante la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia están sospechados de haber cometido el delito de "evasión agravada", que está penado con hasta nueve años de prisión, y cada uno de ellos funciona como un eslabón de una cadena que parece conducir directamente al banco británico. Lo que hay en juego es una fuga de unos 3.500 millones de dólares a valores de 2006.

Los nombres de ellos aparecieron en las 4040 fichas que el gobierno de Francia entregó a la Argentina, donde están detalladas las cuentas no declaradas que tenían en el HSBC de Suiza. Y en todos los casos, los montos que figuran en esas fichas -que remiten a unas 2700 cuentas- permiten establecer una acusación por evasión agravada porque los cálculos de la evasión supera lo establecido por la ley 24.769: los cuatro millones de pesos de evasión o los 800 mil pesos para quienes participaron para ocultar la identidad del verdadero evasor.

El análisis que realizaron los investigadores permitió establecer que existe "grupos económicos" asociados -conjuntos de seis o siete personas- en varias de las cuentas que reveló el ex empleado del HSBC, el ingeniero en sistemas Hervé Falciani. Esa gran lista incluyó a clientes de varios países: Estados Unidos, Francia, España, Italia, Bélgica y Gran Bretaña. Y cada uno de ellos recibió la información en virtud de convenios de cooperación como el que tiene Argentina con Francia.

Ese intercambio permitió que avanzaran causas judiciales en Italia, España y Bélgica. Existen algunos casos donde ya se obtuvieran condenas que fueron confirmados por los tribunales superiores de España, que juzgó a quienes no quisieron pagar las multas correspondientes por la evasión. El caso más resonante fue el de Gonzalo Prado Pardo y Manuel de Villena, marqués de Castiglione de Aragón, quien fue condenado a un año de cárcel y a pagar multas por casi 600 mil euros.

Sin embargo, en la Argentina el "Convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio" comenzó a ser puesto en cuestión en otra causa judicial. El fiscal federal Carlos Stornelli consideró que la AFIP "reveló información (de ese banco y sus clientes) que debía mantener en secreto" al presentar la denuncia el año pasado con la información que le envió Francia. Ese fue el argumento que utilizó Stornelli para ampliar las imputaciones por "falso testimonio" con las que se inició el proceso en la Justicia Federal a partir de una denuncia de Alfonso Prat-Gay. Ese expediente está a cargo del juez Claudio Bonadio, que hoy procesó a Echegaray.

El planteo coincide con la estrategia que, aún antes de que el escándalo estallara en la Argentina, sostuvo la conducción del HSBC local, que preside Gabriel Martino: la información surgió del robo de un empleado infiel y por lo tanto es inválida. Sin embargo, existe otra línea de análisis que plantea que "el secreto sobre algo ilícito no está tutelado" y toma de ejemplo las condenas dictadas por la Justicia suiza, que "demostró que lo que hacía el banco era ilícito".

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