Luego de la revelación de su participación en múltiples offshores de Shell, el ministro de Energía se defendió públicamente al alegar que consiste en una “práctica común”. Además, opinó que no cometió delitos en los directorios de las compañías que operaron en guaridas fiscales.

En su carrera dentro de la petrolera, Juan José Aranguren dirigió Guiana Limited, Sol Antiiles y Guianas Limited y Shell Western Supply and Trading Limited, como revelaron los Paradise Papers. La última ganó la licitación de siete de ocho cargamentos de gas oil en abril del año pasado.

“Era una práctica común desempeñar el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias”, se descargó el funcionario mediante un comunicado de prensa. “Ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley. El grupo Royal Dutch Shell PLC es una organización multinacional con actividades en múltiples países del mundo y Shell C.A.P.S.A. es su filial en Argentina. En mis asignaciones como expatriado (entre 1995-1997) o cuando desempeñé además de un puesto local otro regional, tuve presencia en directorios de varias compañías donde el grupo RDS tenía intereses”, explicó.

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“En el marco de esa función laboral, fui director de Shell Western Supply and Trading Limited con sede en Barbados, cargo que dejé hace más de 12 años”, detalló Aranguren. Opinó también que “operar comercialmente en los países antes mencionados tampoco es un delito. No hay una prohibición legal de realizar actividades comerciales en dichos países. Cabe aclarar además que mientras estuve en la empresa, las filiales se dedicaron exclusivamente a actividades petroleras”.

Además, recordó que vendió sus acciones de Shell recién en 2016, mientras ostentaba el ministerio que debería controlar a la petrolera. “Me desprendí de mis acciones en Shell, que eran fruto de mis 36 años de trabajo en la empresa. Lo hice siguiendo una recomendación de la Oficina Anticorrupción aun cuando ese mismo organismo aclaró que no había una obligación legal de hacerlo”, dijo el funcionario.

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