El camarista Eduardo Freiler se pronunció por devolver el dinero embargado a Florencia Kirchner, al apuntar a la forma en que la diputada Margarita Stolbizer obtuvo una información clave sobre el patrimonio de la familia de la ex jefa de Estado.

Embed


Según se desprende de la resolución, Freiler votó en minoría por devolver los más de cinco millones de dólares incautados a Florencia Kirchner en junio pasado diciendo que era un "dato objetivo irrefutable que las medidas cautelares que han sido decretadas sobre las tenencias dinerarias de Florencia Kirchner en el Banco Galicia constituyeron el final de un derrotero procesal que tuvo como punto de partida la información acercada al proceso por la diputada Margarita Stolbizer".

La legisladora, el 5 de julio pasado, se presentó en la fiscalía de Gerardo Pollicita diciendo: "Vengo a poner en vuestra consideración los hechos de los que he tomado conocimiento sobre extraños movimientos bancarios en las cuentas de diferentes empresas de la familia Kirchner como así también en otras que serían de índole personal".


Freiler afirmó que "resulta incuestionable que esa planilla se corresponde con el papel de trabajo hallado el día 30 de junio de 2016 en las oficinas del contador Víctor Alejandro Manzanares, secuestrado durante la realización de uno de los allanamientos que el Juez Claudio Bonadio dispuso en la provincia de Santa Cruz en el marco de la investigación conocida como 'Los Sauces'".

margarita stolbizer

"Puede decirse, entonces, que nos enfrentamos ante la irregular situación que denunciara inicialmente la defensa en su recurso. Ocurre que el papel de trabajo hallado en las oficinas del contador Manzanares, al constituir una prueba recolectada en el marco de una investigación penal, posee carácter reservado y por ende debió ser celosamente resguardado de todas aquellas personas que no revestían la calidad de parte en aquel proceso".

"Sin embargo, la información volcada en aquella planilla de algún modo llegó a conocimiento de terceros ajenos al sumario", advirtió. "Resulta indiscutible es que se ha quebrantado el deber de confidencialidad que debió imperar en el tratamiento de una prueba colectada durante el transcurso de una encuesta penal", cerró.