La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del senador nacional y expresidente Carlos Menem en la causa penal por la voladura en 1995 de la fábrica militar de Río Tercero. Había causado siete muertos y más de 300 heridos. La Justicia había aclarado que fue un hecho "intencional, organizado y direccionado" para ocultar el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

La sala II del máximo tribunal penal del país hizo lugar, por mayoría, a los recursos de casación que habían puesto el fiscal general Javier De Luca y el querellante, abogado Ricardo Monner Sans, informaron fuentes judiciales.

Los jueces dispusieron la devolución de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a fin de que "por ante quien corresponda" se dicte un nuevo pronunciamiento respecto al ex Jefe de Estado. Y, a la vez, consideró mal concedido el recurso de casación respecto al ex jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, que durante el kirchnerismo fue embajador de Argentina en Colombia y Costa Rica, y confirmó su sobreseimiento.

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En el voto principal, el camarista Alejandro Slokar, sostuvo que existen "dudas del agotamiento de la pesquisa" y consideró que "resultan fundamentales los resguardos que se deben extremar al momento de dictarse un pronunciamiento que evidencie un grado de certeza negativa".

Por el contrario, la camarista Angela Ledesma concluyó que debía confirmarse el sobreseimiento porque había mediado la afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

La explosión se produjo el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, provocó la muerte de siete personas, dejó más de 300 heridos y generó la destrucción de gran parte de la ciudad. Si bien desde un primer momento el entonces presidente Menem instaló la idea de que se había tratado de un accidente, la Justicia determinó que fue un hecho "intencional, organizado y direccionado" para ocultar el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

En 2014 el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a penas de entre 10 y 13 años de prisión a cuatro ex militares: Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke y Edberto González de la Vega, Marcelo Gatto, todos considerados autores mediatos del delito de "estrago doloso".

González de la Vega y Franke eran directivos de la Dirección General de Fabricaciones Militares que dependía del Ministerio de Defensa; Cornejo Torino era director de la fábrica de Río Tercero; y Gatto estaba a cargo de la División Producción Mecánica. En 2015, el Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner promulgó la ley que estableció indemnizaciones para las víctimas de la voladura y sus deudos.

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