El Gobierno ya puso fecha para las primeras seis licitaciones de rutas bajo la modalidad privatizadora que creó con el apoyo del Congreso. Las licitaciones para las obras llamadas “de participación público-privada” comenzarán en febrero del año próximo.

Cambiemos consiguió que el Congreso les permita aprobar en noviembre de 2016 una ley para que los contratistas que hagan obra pública reciban beneficios dobles: que cobren del Estado y de los usuarios de las obras que construyan. Luego de un año de su sanción aún no fueron estrenados.

El Ejecutivo exime a los contratistas de impuestos provinciales y declarará a las obras “de interés nacional”. Además, si precisan importar maquinaria pesada, podrán hacerlo sin arancel alguno, lo que no beneficia a la industria nacional. Le permite también el Gobierno al privado presentar el contrato de PPP como garantía para créditos bancarios.

Lo crucial serán los ingresos por partida triple que les garantizarán a los privados. Por un lado, el Estado abonará con bonos en dólares a través de un nuevo fideicomiso que crearán exclusivamente para tal fin. Es decir, nueva deuda pública que no será computada como tal.

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Pero además, si construyen una autopista, por ejemplo, podrán ellos hacer usufructo del proyecto. Es decir, cobrar los peajes.

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Como si esto fuera poco, el Estado les podrá ceder los terrenos aledaños que no fueron aprovechados para el proyecto para que lo alquilen a terceros. En el ejemplo, para que una petrolera ponga una estación de servicio.

En esta primera etapa, el Ministerio de Transporte adelantó que construirán 7.000 kilómetros de rutas y autopistas bajo este régimen. Las licitaciones se realizarán recién en febrero del año próximo y significarán inversiones privadas por U$S 16.700 millones.