Una de las promesas de Cambiemos desde que asumió es combatir el terrorismo y esclarecer lo que ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando una bomba hizo estallar la sede de la AMIA y provocó la muerte de 85 personas. "Queremos saber qué ocurrió; y, por eso, también elevamos a rango de Secretaría de Estado la Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA. Necesitamos verdad y justicia", prometió el presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, según advierte el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la "Unidad Especial" sufre el retaceo de 500.000 pesos por parte del Ministerio de Justicia y derechos Humanos. Esta unidad, que tiene al radical Mario Cimadevilla al mando, difiere de la Unidad Fiscal que depende de Alejandra Gils Carbó y contaba con Alberto Nisman como su titular.

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Esos fondos son necesarios para sistematizar, informatizar y cruzar la información proveniente de varias investigaciones judiciales.

"Un gobierno que destinó fondos, por citar sólo un ejemplo, a la Dirección de Movilidad en Bicicleta de la Dirección Nacional de Transporte No Movilizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Secretaría de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte, al mismo tiempo le retacea 500.000 dólares a la "Unidad Especial" para cumplir con su labor, por lo que debe salir a pedir colaboración a otros organismos estatales y no gubernamentales. ¿Se privatizó, acaso, la administración de justicia?", escribió el periodista.

"No es demasiado tarde para escribir en profundidad la historia de agosto 2 de 1980, de los 85 muertos y 200 heridos en la estación de tren de Bolonia", reclamaron Eco y los otros referentes, allá, en Italia, en pos de "la civilidad y la justicia".

No es la primera vez que hay problemas con fondos destinados a investigar qué pasó con el atentado a la AMIA. Cuando asumió el Gobierno, hubo una disputa entre la cartera de Germán Garavano y Gils Carbó por el GERAD, una oficina dedicada a informatizar los archivos secretos de la SIDE vinculados al atentado. Finalmente, la Procuración se hizo cargo del pago de los sueldos de los profesionales contratados allí.