La lucha por la despenalización del aborto es un tema que se caracteriza por escaparse de la agenda política. Teñido de ideas erróneas y estigmatizaciones que relegan el debate, el problema de salud pública sigue sin solución. Si bien es difícil llevar un registro preciso de los abortos efectuados en el país, desde Amnistía Internacional estiman que el número llegaría a 450.000 por año.

En la legislación actual, el artículo 86 del Código Penal admite el acceso a un aborto en casos donde esté en riesgo la salud o vida de la mujer o en casos de embarazos producto de una violación. Por cualquier otro motivo, las mujeres se ven obligadas a volcarse al sistema clandestino. Esto refleja que la prohibición no se traduce en la eliminación de los abortos, sino que la práctica se traslada a otro lugar; un lugar peligroso.

Esa clandestinidad que representa el mismo escape para quienes se encuentran excluidas del sistema legal se convierte en una experiencia muy desigual según la situación económica de cada persona. Las mujeres de bajos recursos acceden a lugares precarios e insalubres que ponen en riesgo su vida. Según datos del Ministerio de Salud, 55 mujeres murieron a raíz de abortos en 2015.

En América Latina, países como Uruguay, México y Cuba son el reflejo de cómo la despenalización impulsó la baja de la tasa de mortalidad materna. En Argentina, la ley sigue en fila de espera.

En pleno año electoral, la mayoría de los candidatos se muestran en contra o evitan sentar su posición sobre el tema. Entre los candidatos que encabezan las listas, sólo Nicolás del Caño y Néstor Pitrola se muestran a favor de la despenalización.

Gisela Marziotta, candidata a diputada en la ciudad por Unidad Porteña, es una de las pocas dentro del espacio político que se declaró a favor de la despenalización. A los 18 años, debido la falla de un método anticonceptivo, la periodista decidió no llevar adelante el embarazo y optó por abortar. Su posición económica le permitió acceder a un lugar seguro.

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EL NEGOCIO DE ABORTAR.

En la actualidad, una caja de la pastilla abortiva Misoprostol cuesta $ 2680; mientras que la realización de un aborto puede rondar entre los $ 5.000 y los $ 70.000. Es complejo establecer un monto preciso, puesto que el valor del mismo se modifica en base a las semanas de gestación, la región del país, la utilización o no de anestesia, el tipo de aborto a realizar, el lugar y el profesional que lo practique.

En un mercado laboral donde la brecha entre hombres y mujeres llega hasta el 35 % en el sector informal, muchas mujeres no pueden acceder a lugares seguros para abortar. Según un estudio del Indec, el salario medio de las mujeres registradas es de $ 13.517, mientras que en el ámbito informal alcanza los $ 5426.

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Fuente: Ministerio de Trabajo

El debate debe ir de la mano de la implementación de normativas y políticas públicas. Si bien se han establecido protocolos de acción, la escasa implementación de los mismos demuestra la falta de decisión política en el tema.

La carencia de información por parte de los profesionales, el temor de posibles sanciones penales y la presión de muchas organizaciones, junto al rol de la Iglesia, son las principales trabas para abrir la discusión.

El sistema penal discrimina a las mujeres: desde la estigmatización que recae sobre la decisión de abortar, la violación del secreto profesional, hasta las actitudes violentas que reciben por parte de los profesionales. El caso de Belén, la joven tucumana que pasó dos años en prisión tras recibir una condena por sufrir un aborto espontáneo, es prueba de este mecanismo.

Según Amnistía Internacional, el aborto continúa siendo la principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de las provincias del país.

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