La Argentina vive una etapa de fuerte regresión cultural, económica y política. Parte importante de su epicentro está en el Poder Judicial, convertido por sus propios defectos en actor fundamental del orden imperante. La decisión de la Corte de conmutar penas a represores valiéndose del sistema de “2 por 1” derogado en 2001 constituye un hito difícil de igualar en lo que refiere a desprestigio de las instituciones y revanchismo político. Las víctimas de violaciones, secuestros, torturas, desapariciones y muertes y sus familiares tendrán que convivir con sus verdugos en libertad, dada la doctrina sellada por el Tribunal Superior que probablemente se extienda a la mayoría de los casos, que podría llegar a 275 según detalla el periodista Ari Lijalad. En un garantismo perverso, Astiz, Benjamín Menéndez, Patti, Acosta, Etchecolatz y Bignone podrán valerse de una ley derogada en 2001, que ya no rige para el resto de la población. Curiosa forma de igualar derechos.

Se trata de un fallo de época, que complace clamor de grupos mediáticos, comunicadores, funcionarios del actual gobierno y también de un sector de la jerarquía eclesiástica que brega por una “reconciliación” demasiado parecida a la amnesia colectiva, el negacionismo y a la igualación de delitos comunes con crímenes de lesa humanidad. Muchos de estos sectores quieren frenar para siempre estos juicios que amenazan con arrojar luz sobre la participación civil y empresaria durante los años de plomo. Se trata de perpetuar la impunidad y sus efectos disciplinantes.

Aún en la última década, en la que el Estado tomó un lugar protagónico en el compromiso con los juicios de genocidio, solo una de cada cuatro causas logró sentencia definitiva. A esta resistencia silenciosa, cotidiana y fría del Poder Judicial le llegó ahora su momento de explicitación: desandar todo lo avanzado. Es por eso que la Corte negó acatar requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (fallo Fontevecchia, 2017), otorgó prisión domiciliaria al asesino y teniente coronel Felipe Alespeiti y la Cámara de Casación hizo lo propio con Etchecolatz. El rol de Lorenzetti y Maqueda en el fallo de “dos por uno” no es tampoco inocente, toda vez que la Corte podría no haberse pronunciado, algo que está entre sus facultades. Pero para los supremos era necesario pronunciarse.

Amargamente debemos asumir que no hay nada irreversible en las conquistas logradas, sin correlaciones de fuerza institucional ni mayorías sociales y culturales que las defiendan. Los sectores concentrados y sus agentes más siniestros siempre encontrarán resortes a su alcance para conjurar revancha. Vaya la lección de responsabilidad para el campo popular en momentos en que la unidad es posible.

Agrupación Reconquista

En esta nota